Pasada la presión que supuso su candidatura al Tribunal Constitucional (TC), Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que suena entre los próximos ministrables de Justicia o Interior de un futuro Gobierno del PP o como fiscal del Estado, no se pronuncia sobre su inmediato futuro salvo en que se ve entregado a sus tareas docentes y jurisdiccionales.

A la espera de que se conozca por qué su Sala ha evitado que se juzgue el caso Faisán, López es el director del Programa de Postgrado de Derecho de la Universidad Europea de Madrid sobre la Abogacía de los negocios, con un módulo específico de concursal.

¿Qué opina sobre la reforma Código Penal?

La responsabilidad penal de la persona jurídica rompe con la tradición penal española, que viene del Derecho romano. Habría requerido una regulación procesal específica, que está tramitándose ahora, de manera muy parcial, cuando no da tiempo y se ha precipitado.

¿Le gusta el modelo que propone de fiscal instructor con un juez de garantías?

Un cambio de tanta profundidad habría necesitado un debate sobre qué aspectos negativos tiene el sistema y en qué se podría mejorar y no se ha hecho. Soy más afín al modelo de juez instructor, pero el vehículo que lo implementa es una ley del siglo XIX, cuyos desfases no deben cargarse al modelo del juez instructor.

¿Considera que estas reformas amenazan la seguridad jurídica de las empresas?

Sí. La libertad de la empresa es un principio constitucional. Pero no se recoge un título específico para el delito que atenta contra el orden económico que lo distinga del patrimonial.

¿Debería incluir el nuevo Código la mala gestión de caudales públicos?

Se podrían tipificar delitos por imprudencias y negligencias que afecten a los fondos públicos.

¿Qué le parece que no se esté actuando contra Bildu?

Respecto al ámbito penal, no puedo pronunciarme.

¿Y como ciudadano?

Puedo decir que el hecho de que sea una fuerza política que deviene de otra que fue ilegalizada como Batasuna por pertenecer a ETA es una mala noticia sin que la banda haya desaparecido. Mientras Bildu siga siendo legal, lo que cabe exigirle es que respete los principios constitucionales, que no tenga ninguna colaboración ni con ETA ni con su entorno. Es lo que hay que exigir al Gobierno de turno, al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado, una permanente vigilia y control de este partido sin lugar a dudas.

¿Cree que la reforma de la Constitución para controlar el déficit rompe el consenso constitucional?

Creo que una reforma que tiene los votos de los dos partidos mayoritarios y la abstención de los nacionalistas tiene un amplio consenso. Es una reforma de carácter técnico, y en cuanto a sus consecuencias políticas debe entenderse que estamos en precampaña.

¿Se puede controlar a los mercados por ley?

Actúan con una lógica totalmente diferente a la política o jurídica. Al margen de esta reforma, deben producirse reformas legales a nivel nacional e internacional que traten de establecer un mínimo de orden.

Se da la paradoja de que los grandes bancos centrales tienen que acudir en ayuda de economías nacionales y comprar deuda soberana, y en apoyo del propio mercado ante la caída de las acciones, que se realiza de forma legal. Esta paradoja hay que resolverla. No creo en absoluto que sea la muerte del capitalismo, pero hay que pensar en una nueva lógica de los mercados donde se permita la especulación en el buen sentido y se prohíba el abuso.

(Noticia extraída de Expansión)