La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto expediente sancionador a Correos por prácticas anticompetitivas, en concreto, por negarse a dar acceso a su red postal a las notificaciones administrativas depositadas por otros operadores, lo que supone el bloqueo a las empresas privadas que trabajan para las administraciones.

Este expediente se suma a otro proceso que abrió la CNC el pasado 2 de marzo, y a la publicación de un informe crítico con la liberalización del sector el pasado 23 de marzo.

De esta forma, Correos acumula, en cerca de dos meses, dos expedientes pendientes de resolución, ambos, a instancias de la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre). El caso que se hizo público ayer atañe a una conducta que prohíbe el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, "la limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores".

Según denuncia Asempre, desde el pasado enero Correos se niega a cumplir con el porcentaje del servicio que le toca, como proveedor de una cobertura universal, cuando un operador privado gana un concurso con una Administración. De esta forma, estas empresas se ven obligadas a abandonar el servicio o no vuelven a conseguirlo, ya que el siguiente concurso lo obtendrá Correos. Así lo denunciaron a la recién creada Comisión del Sector Postal, que lo trasladó a la CNC.

La apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. Similar proceso al que sigue el expediente que se incoó a principios de marzo por tirar los precios, lo que se conoce como precios predatorios, que Correos ofrecería para expulsar del mercado a la competencia.

Hasta cinco expedientes se han abierto contra Correos en los últimos años, dos de ellos con sentencias condenatorias del Supremo y de la Audiencia Nacional.

Además, la CNC presentó un informe en el que denunciaba la deficiente transposición de la última Directiva postal y la tímida liberalización que implica la Ley Postal que entró en vigor el pasado enero.

Asempre también ha consultado a Economía y a Bruselas sobre la exención que Correos se impone en el IVA de 1.700 millones de sus contratos de servicios universales, los cuales, según dicta la Comisión Europea, están sujetos a este impuesto

(Noticia extraída de Expansión)

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