El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, critica varias soluciones que ofrece el Reglamento de la Ley de Acceso, como que se deje fuera de la expedición del título de abogados al Ministerio de Educación, que puedan ser abogados titulados diferentes a Derecho o que las prácticas externas puedan llevarse a cabo en el periodo formativo.

El Consejo de Estado, un órgano consultivo del Gobierno pero no vinculante, ha remitido esta semana al Ministerio de Justicia su dictamen sobre el Proyecto de la Ley 34/2006 de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, adelantado por EXPANSIÓN, que sufrió enésimas modificaciones y que ha enfrentado a Colegios, Despachos, Universidades, y los ministerios de Educación y Justicia.

El en texto del dictamen, al que ha tenido acceso este diario, el Consejo de Estado se muestra muy crítico con algunos aspectos de cierta relevancia. Por ejemplo, se postula en contra de la solución dada a la cuestión de la titulación ya que el reglamento da la posibilidad de que sea "otro título universitario de grado que acredite la adquisición de competencias jurídicas". A este respecto, el Consejo explica que el proyecto incurre aquí en un exceso respecto de la Ley, y el acceso a las profesiones "debe limitarse para quienes tengan el título de licenciado en Derecho o el grado que cada Universidad haya establecido en sustitución del mismo".

Otro de los puntos más importantes del Reglamento que critica el Consejo de Estado es que se haya dejado fuera de la acreditación de los títulos profesionales de Abogados y Procuradores al Ministerio de Educación, "sin que el mecanismo introducido en el Proyecto (expedido por el Ministerio de Justicia, por delegación del Ministro de Educación) sea admisible".

Tampoco entiende el Consejo por qué el Reglamento da únicamente la autoridad para acreditar los cursos de formación especializada al Ministerio de Justicia (aunque sea a través de un procedimiento fijado y de común acuerdo por los dos ministerios implicados), cuando la Ley atribuye esa autoridad de forma conjunta a Justicia y a Educación.

En cuanto a la evaluación, el Consejo de Estado entiende que "la posibilidad de que existan comisiones de evaluación en el ámbito de una misma Comunidad Autónoma ha de regularse como excepcional, para respetar el artículo 7 de la Ley de Acceso". En cuanto a la composición, se sugiere "dejarla en los términos de la Ley o, caso de incluir a representantes de otros colectivos además de los fijados en la Ley, que se incluya a un representante del CGPJ".

También hace referencia el órgano consultivo del Gobierno a las prácticas profesionales externas, ya que sugiere que "deben llevarse a cabo tras el periodo formativo, lo que obligaría a reconsiderar el artículo 11.1". Por lo que se refiere al lugar de realización de esas prácticas, el dictamen recomienda una mayor precisión a la expresión "tercer sector" que emplea el artículo 12.

Algunas fuentes consultadas han apuntado que el Gobierno, que está estudiando el dictamen, podría aprobar el Reglamento en Consejo de Ministros este mismo viernes, aunque quizás tenga que derivarse al viernes 11. Por otra parte, el consejo de decanos de Derecho de las universidades tiene previsto, según ha podido saber este diario, se reunirá con urgencia la próxima semana para tratar el tema de la Ley de Acceso.

(Noticia extraída de Expansión)

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