El nuevo responsable de Inspección, elegido a principios de verano, aludió a una "imprescindible modernización" de los métodos de trabajo, que implique una mayor incidencia en las empresas -"es cuando más cosas se encuentran"- y una mejora de la eficacia de las medidas cautelares para cobrar la deuda fiscal. Como ámbitos prioritarios de actuación, citó a los profesionales (médicos, abogados, asesores...), que generalmente trabajan por cuenta propia y están poco controlados por los guardianes del sistema fiscal. Cano consideró necesario no solo fiscalizar los gastos, sino también "los ingresos no declarados".

El nuevo responsable de Inspección añadió una dosis de realismo a esta declaración de intenciones, que coincide con las demandas de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, y admitió que no espera grandes cambios inmediatos por la austeridad presupuestaria. "Pero sí es un buen momento para hablar con todos y aplicar las medidas más tarde", prometió.

Más allá del fraude tradicional, Cano abogó por perseguir la venta de productos destinados a facilitar la gran elusión fiscal. "Es casi lo que más nos preocupa", aseguró. Esas estructuras, ofrecidas bajo una aparente legalidad, son responsables en muchas ocasiones de los casos más reprobables de elusión fiscal, los que acaban en delito (cuando se dejan de ingresar cantidades superiores a los 120.000 euros). A esta figura dedicaron los inspectores su congreso anual, clausurado el viernes por el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo.

López Carbajo aseguró que el delito fiscal mantiene a 89 personas en la cárcel, un dato que rebate la impresión transmitida hasta ahora de que en España no existía nadie cumpliendo pena por defraudar al fisco. Esa cifra tan modesta, evidencia, en todo caso, que la mayoría de los condenados no llega a ingresar en prisión, pues desde 2007 se han dictado 1.054 condenas por este delito. La mayoría de jueces dicta penas inferiores a dos años de prisión, que suelen saldarse sin ingreso efectivo en la cárcel.

"El porcentaje de condenados asciende al 70% de los casos juzgados", aseguró López Carbajo. Frente a la opinión de los inspectores, el responsable de la Agencia dijo que en la mayoría de esas condenas el cobro de la deuda está garantizado, aunque el proceso sea lento. Los inspectores habían alertado previamente de que existe una deuda que ronda los 6.000 millones de euros atascada en los tribunales.

Respecto al envío a los tribunales de varios casos de delito fiscal derivados del fraude de las cuentas suizas, López Carbajo rebajó las expectativas creadas por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, acerca de una llegada inminente de los primeros casos a la fiscalía. El responsable de la Agencia habló de meses para remitir los primeros casos.

(Noticia extraída de El País)

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