Los diez nuevos juzgados previstos para la provincia de Alicante el próximo 28 de diciembre no van a poder ponerse en marcha por los problemas económicos de la Conselleria de Justicia para hacer frente a los pagos de personal y el alquiler de locales, según comunicó la Conselleria de Justicia a los sindicatos en la última Mesa Sectorial de Justicia. Tan sólo van a ponerse en funcionamiento dos juzgados de Primera Instancia en Elche y Orihuela, mientras que para el resto se ha pedido una moratoria para que vayan arrancando de manera escalonada a lo largo de 2011. Son precisamente estos dos juzgados donde no va a ser necesario recurrir al alquiler de locales, ya que irán en sus respectivos palacios de justicia. Según la Conselleria la totalidad de las nuevas unidades judiciales podría estar creada antes de junio. El personal saldrá a base de reestructurar plantilla en el resto de los juzgados. La medida ha contado con el rechazo frontal de los sindicatos, entre ellos el CSI-CSIF, que es el mayoritario de los funcionarios, y que anunció una campaña de movilizaciones.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que todo el presupuesto se iba a ir en alquilar los locales que albergarán estos órganos y sus respectivas dotaciones, lo que obligaba a suprimir cualquier nuevo gasto en personal.
En el caso de Alicante, había previsto un juzgado de Primera Instancia para el que no hay espacio físico material en las atestadas instalaciones del Palacio de Justicia de Benalúa. El Consell les ha comunicado que no sólo van a tener que alquilar un local, sino que van a tener que reformarlo, por lo que dicho órgano iba a ser el más caro de toda la Comunidad. El juzgado de Primera Instancia 13 de Alicante iba a encargarse de resolver los internamientos de enfermos mentales o de tomar medidas para asegurar que los enfermos mentales tomen su medicación. Para febrero del año que viene está prevista la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que acabaría con la dispersión actual que hay de órganos judiciales en locales alquilados. La empresa que se haga con el proyecto financiaría el coste de su construcción a cambio de explotar todos los servicios que se incluyan en el recinto.
El resto de órganos judiciales previstos son el Social número dos de Benidorm, más otros de instrucción y civiles en Benidorm, Dénia, Elche, Orihuela, Torrevieja, Novelda, Villajoyosa, así como el nuevo Penal de Orihuela. La propuesta de la Conselleria es hacer una reordenación de efectivos en todos los juzgados a fin de obtener el personal necesario. La primera experiencia va a ser en la Audiencia Provincial donde se va a quitar a un funcionario de cada sección para destinarlos a la nueva Sala Décima.
Desde el CSI-CSIF, el secretario de Organización, Alejandro Vicedo, aseguró ayer que no iban a consentir ni un sólo recorte de personal en los juzgados, por lo que anunció una campaña indefinida de movilizaciones. Desde los sindicatos se ha alertado de que los juzgados soportan una gran sobrecarga de trabajo y que le medida propuesta es hacer frente a este aumento con el mismo personal. El primer acto de protesta será el próximo lunes donde a los responsables de la Conselleria les espera una pitada de los trabajadores en el acto que hay convocado para inaugurar el edificio de la nueva Ciudad de la Justicia de Elche.
Por su parte, el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, explicó que según las directrices del Consejo General del Poder Judicial el modelo actual ha quedado obsoleto. "La Conselleria de Justicia hasta ahora tenía que aportar nueve funcionarios por cada juzgado que se creaba. Esto va a pasar a la historial con la nueva oficina judicial", explicó. Magro aseguró que a partir de 2011, desde el Consell no se pedirán juzgados, sino simplemente jueces y secretarios. Grandes oficinas de servicios comunes serán las que sustituyan a los antiguos órganos judiciales, mientras que el grueso de asuntos se irá repartiendo entre los magistrados que irán adscritos a salas penales, civiles, o de otras jurisdicciones como social o contencioso-administrativa. Magro matizó que en cualquier caso "si la carga de trabajo aconseja reforzar el número de funcionarios, se hará".

Noticia extraída de información

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