El Gobierno tiene un grave problema para intentar reducir el gasto en la lentitud que hay en todo el proceso de cubrir una plaza en la Administración Central del Estado.

En pleno desarrollo del paquete de medidas de ajuste que aprobó el Parlamento el pasado 12 de mayo para luchar contra el déficit público, el Ejecutivo ha informado al Congreso de los Diputados de que se ha encontrado con que en el segundo semestre de este año debe incorporar con plaza a otros 10.000 funcionarios a la Administración Central del Estado.

La mayor parte de los mismos son miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como Policía Nacional y Guardia Civil, y obtuvieron plaza en las ofertas de empleo público de 2007 y 2008. Es decir, cuando aún no se había manifestado plenamente la crisis y recesión y el Ejecutivo tuvo más manga ancha en la convocatoria de plazas de funcionarios.

La multitud de trámites que exige la legislación para garantizar que los ciudadanos acceden como funcionarios a la Administración en condiciones de igualdad, competencia y publicidad están en el fondo de que el Gobierno se haya encontrado ahora con un hecho con el que no contaba y que puede desbaratar parcialmente sus planes de ahorro.

Así, entre la convocatoria de una plaza, debidamente presupuestada, y la incorporación del funcionario a la misma pueden transcurrir hasta dos años. En el proceso se convoca el examen, se abre un periodo de reclamaciones por si alguien no está de acuerdo con los requisitos; se contesta a los recursos y se hacen las pruebas. Una vez que han salido las notas se abre otro proceso de reclamación, se contestan los recursos y, finalmente, se llena la plaza.

Notícia extraída de Expansión

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