La última reunión del grupo especial de trabajo integrado por los ministros de Finanzas de la UE y representantes de las instituciones europeas para debatir el endurecimiento de la disciplina fiscal, logró ayer algunos ligeros avances pero también reflejó, una vez más, la brecha existente en este asunto entre los países del Norte y los del Sur.

El grupo especial (conocido como la Task Force) constató que existe acuerdo para castigar a los países que, sin haber superado el tope de déficit establecido en el 3% del PIB, registren una deuda superior al 60% de su PIB y no lleven un ritmo adecuado de reducción de la misma, según explica el comunicado enviado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Sin embargo, en este "ritmo adecuado de reducción de la deuda" se encuentra la primera divergencia. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y los países del Norte, encabezados por Alemania, desean imponer duras metas de recorte de la deuda pública y fijarlas de manera numérica, en cinco puntos del PIB cada año, por ejemplo.

En cambio, los países del Sur y Francia abogan por metas a medio plazo, adaptadas a la situación de cada país, según explicaron fuentes diplomáticas.

También existen divergencias sobre la propuesta de la Comisión Europea para automatizar las sanciones, de manera que una vez que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un castigo, sólo pueda ser vetado en el Consejo cuando una mayoría de estados miembros se opongan al mismo. En la actualidad la aplicación de una sanción requiere la aprobación del Consejo por mayoría cualificada.

En principio, los países del Norte y la Comisión desean que el veto quede limitado a las ocasiones en que una mayoría cualificada de estados miembros vote para bloquear un castigo, mientras que los del sur quieren que baste con una mayoría simple.

Aunque la imposición de sanciones a los países que presenten déficit de competitividad no centró las discusiones de ayer, pues el nuevo marco de vigilancia sobre las divergencias macroeconómicas aún está "demasiado verde", según fuentes diplomáticas, también existen diferentes puntos de vista a este respecto.

Salgado, en contra de endurecer las sanciones

La ministra de Economía y Hacienda española, Elena Salgado, se mostró hoy reacia a la posibilidad de imponer sanciones millonarias a los países con déficit de competitividad (entre los que se cuenta España), tal y como defiende la Comisión y el Banco Central Europeo, pues en su opinión algunos "desequilibrios económicos no responden a actuaciones de los Gobiernos".

Asimismo, Salgado criticó la posibilidad defendida por la Comisión Europea y Alemania de suspender los fondos de cohesión a los países infractores, de los que España es la segunda beneficiaria de la UE.

Salgado sí valoró positivamente la idea que baraja el Ejecutivo comunitario de retener fondos equivalentes al 0,2% del PIB a los países con políticas presupuestarias demasiado expansivas, pues es "una posibilidad que está en el tratado" y "puede ser una línea a explorar".

La reunión de ayer es la penúltima antes de que Van Rompuy haga entrega oficial del informe de la Task Force a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre de octubre, que fueron los que le encomendaron esta labor la pasada primavera, durante la crisis de deuda de la zona euro.

Fuentes diplomáticas consideraron que el grupo de trabajo especial ha logrado desbloquear la parálisis detectada en la anterior reunión de septiembre pasado, y auguraron que logrará terminar sus trabajos a tiempo, aunque esto no supondrá necesariamente un acuerdo global sobre la reforma de la disciplina presupuestaria, sino un consenso sobre los principios generales.

La Comisión Europea tiene previsto presentar propuestas legislativas sobre este asunto pasado mañana miércoles, que podrán volver a ser debatidas por los ministros de Finanzas de la zona euro y de los Veintisiete, el jueves y viernes próximos, en sendas reuniones previstas en Bruselas.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, pidió ayer a los Veintisiete y el Parlamento Europeo que den el respaldo a las iniciativas que presentará el miércoles, para que el nuevo marco de vigilancia económica pueda entrar en vigor "hacia el verano de 2011".

(Noticia extraída de Expansión)

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