El Alto Tribunal considera que el propietario de una vivienda alquilada podrá exigir al arrendatario el importe total de las obras de reparación necesarias para mantener el inmueble en buen estado y establece que su impago podrá considerarse causa de desahucio.

Así lo manifiestala Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia desestima el recurso planteado por un inquilino contra la sentencia dictada en 2007 por la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la demanda planteada por el propietario de la vivienda en la que residía ante el impago de parte de la renta y cantidades asimiladas a ella, gastos de comunidad y obras por un total de casi 300 euros en los años 2002 y 2004.

El denunciado llevó el caso ante el Tribunal Supremo, a pesar de que el desahucio no se llevó a cabo puesto que pagó las cantidades que se le reclamaban, y de esta forma mantener que el impago de obras realizadas en el inmueble no podía ser en ningún caso motivo para finalizar el contrato.

Para defender esta argumentación se apoyaba en que el contrato databa de 1947 y debía estar regido por la Ley de Arrendamienos Urbanos de 1967, que sólo justifica el desahucio en caso de impago de la renta y gastos asimilados, sin que tuvieran esta consideración los gastos de comunidad y suministros y las obras.

Sin embargo, el Tribunal Supremo da la razón ahora al dueño de la vivienda. En primer lugar, señala que la ley de 1967 --vigente para los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985-- no explica "expresamente qué debe entenderse por cantidades que a la renta se asimilan", por lo que "el concepto debe ser completado con lo que en cada momento establezca la legislación aplicable".

Para ello, acude a la actual ley de arrendamientos urbanos, de 1994, que lleva a considerar que el importe del coste de los servicios y suministros "merece esta misma consideración de 'cantidades asimiliadas'" que justificarían el desahucio.

Asimismo, destaca que el contrato se celebró el 1 de diciembre de 1947, por lo que "el arrendador podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido", además del coste de los servicios y suministros que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley.

Así concluye el Tribunal Supremo que la causa resolutoria prevista en la ley de 1964 "comprende en la actualidad el impago de los importes refereidos tanto a servicios y suministros producidos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, como al importe de las obras necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido".

Esta interpretación ya ha sido recogida por la Sala de lo Civil del TS respecto al incumplimiento de otras obligaciones, como es el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por el inquilino, e incluso en relación al incumplimiento del pago de servicios y suministros.