Apuntes de Derecho en España y diversas cuestiones jurídic

Las restricciones presupuestarias tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas alejan la posibilidad de que se puedan crear 432 plazas de juez que considera "prioritarias" el CGPJ para desatascar los tribunales. El Gobierno y el poder judicial negocian para buscar un destino a los 50 jueces que salen de la escuela en marzo.

Las limitaciones presupuestarias, que impone el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas dejan en el aire que se puedan crear en los próximos años 432 nuevas unidades judiciales, una cifra que el Consejo General del Poder Judicial estimó "prioritaria" en un informe aprobado por este órgano en junio de 2011. Los jueces argumentan que la crisis económica ha incrementado el número de asuntos que llegan a los juzgados, en prácticamente todas las áreas, por lo que piden la creación de 105 juzgados de lo social, 75 de primera instancia o 69 de mercantil.

No está prevista, por el momento, la creación de ninguna unidad judicial para 2012, aunque en el mundo judicial se espera con expectación lo que pueda anunciar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que se producirá el próximo miércoles en el Congreso. El CGPJ ha pedido a Ruiz-Gallardón que lo "perentorio" es crear 50 nuevas unidades judiciales para dar plaza a otros tantos integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial, que se incorporan el próximo mes de marzo.

El Ministerio de Justicia confirmó a CincoDías que hay negociaciones con el CGPJ para buscar destinos para estos 50 nuevos jueces, que podrían ir a reforzar juzgados más atascados.

El nuevo equipo de Justicia se ha encontrado con un considerable atasco en el sistema judicial, que tiene una base estructural pero que se ha visto incrementado por la mayor litigiosidad provocada por la crisis, y con el acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Gobierno para 2012 por 8.900 millones. Frente a 2011, el presupuesto de Justicia se ha visto reducido en 48 millones de euros.

Asuntos en estudio

"Todo está en estudio", afirman desde el Ministerio de Justicia, que ve complicado, pero no imposible, que se pueda atender esta demanda de 432 plazas nuevas que hizo el CGPJ. El nuevo equipo del ministerio sostiene que apenas lleva unos días en sus puestos y que no ha habido tiempo para examinar los asuntos. Una dificultad añadida es que en el acuerdo de medidas urgentes del 30 de diciembre el Gobierno estableció la tasa de reposición cero para funcionarios salvo en los servicios básicos, entre los que se cuentan la sanidad y la educación, entre otros.

"No está claro que no se vayan a reponer" los puestos de juez, afirman en Justicia, que está negociando también con el CGPJ cómo hacerlo. Un portavoz de una de las asociaciones judiciales pide que dentro del capítulo de servicios básicos pueda considerarse la justicia, ya que la mejor manera de garantizar la seguridad jurídica es incrementar la plantilla judicial. De hecho, el CGPJ mantiene que el atasco del sistema pone en peligro la tutela judicial efectiva.

Los jueces demandan al nuevo ministro que elabore un plan de creación de unidades judiciales para toda la legislatura para que el sistema pueda absorber las nuevas incorporaciones a la carrera judicial y "se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles".

También demandan que no se suspendan los procesos de incorporación, ya que entre el inicio de oposiciones y el tiempo de estancia en la escuela judicial pasan tres años, por lo que los nuevos jueces no empezarían a suponer un coste para la Administración hasta el año 2015, para cuando se espera que las cuentas públicas y la economía hayan experimentado una mejoría.

Tribunales de instancia, una medida con costes limitados

La creación de nuevos juzgados obliga a las comunidades a asumir costes de funcionarios y sedes judiciales en un momento de tensiones presupuestarias en casi todos los Gobiernos autonómicos. La alternativa que plantean los jueces es que para no generar más coste que la nómina del juez es que se destine a reforzar un juzgado ya creado o a un órgano colegiado.

El anterior equipo del Ministerio de Justicia, con Francisco Caamaño al frente, impulsó la creación de los tribunales de instancia. El proyecto de ley no terminó su tramitación en el Congreso de los Diputados porque la legislatura terminó anticipadamente por el adelanto electoral. El exministro Francisco Caamaño llegó a afirmar que de todos los proyectos de ley que se quedaron en el tintero el de la creación de los tribunales de instancia es el que más lamentaba que no hubiera salido adelante.

Básicamente, el proyecto consistía en no crear nuevos juzgados, sino que un mismo juzgado tenga varios jueces que se repartan los asuntos. Esto contribuiría a desatascar el sistema, pero sin incurrir en los costes que supone crear una nueva unidad. En ocasiones son las propias comunidades las que no quieren que se creen nuevas unidades judiciales en su territorio porque no disponen de fondos para sufragarlos. Fuentes judiciales explican que los tribunales de instancia funcionan con normalidad en países como Francia, que debería servir de ejemplo.

Primer peldaño. La introducción de los tribunales de instancia pretendía establecer órganos colectivos en el primer peldaño de acceso a la justicia. Esta solución estaba pensada para contribuir a agilizar el sistema sin incurrir en los costes que supone poner en marcha un nuevo juzgado.

(Noticia extraída de El País)

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El fin de las operaciones aéreas decretado este viernes por la compañía aérea Spanair, previo a su cierre definitivo, es el destino natural de las empresas sostenidas por el nacionalismo con dinero público para perseguir objetivos de carácter político.

La compra de Spanair en 2008 fue una decisión absurda del tripartito nacionalista presidido por Montilla para tener una suerte de compañía "de bandera" catalana y hacer la competencia a Barajas, promoviendo artificialmente el desarrollo de las interconexiones del aeropuerto del Prat a golpe de subvención. La adquisición de la aerolínea, en la que el gobierno regional catalán involucró a un pequeño pull de empresarios próximos al poder nacionalista, se publicitó como un requisito imprescindible para elevar al aeropuerto barcelonés a los niveles de los "hubs" de Londres, París o Frankfurt, los más grandes nudos de conexiones aéreas de Europa con la rentabilidad que ello supone.

La realidad, cuatro años después de iniciada la aventura, es que la compañía propiedad de la Generalidad y el ayuntamiento de Barcelona a través de sus chiringuitos particulares, no sólo no ha contribuido a aumentar el tráfico del aeropuerto del Prat de forma significativa, sino que se ha visto abocada al cierre por unas pérdidas que, a día de hoy, resultaban inasumibles a pesar de las continuas ayudas públicas concedidas por todos los organismos participantes en su gestión. Un régimen de subvenciones, por cierto, cuya desmesura ha sido objeto de diversas denuncias por parte de empresas competidoras, situando a Spanair en el punto de mira de las autoridades europeas responsables de la competencia y haciendo imposible, como era la intención de Mas, que la Generalidad siguiera inyectando fondos públicos para mantener un sueño nacionalista inviable. Afortunadamente, conviene añadir, porque mucho peor que el cierre, por otra parte inevitable, hubiera sido el mantenimiento artificial de su funcionamiento con unos recursos públicos que la Generalidad ya no tiene para financiar servicios esenciales.

En el empeño se han volatilizado 150 millones de euros procedentes del bolsillo de todos los contribuyentes españoles -no sólo catalanes-, y se ha dejado en la calle a los dos mil empleados de la aerolínea. El nacionalismo catalán, de paso, ha imprimido su sello habitual cuando se trata de gestionar asuntos complejos, ofreciendo una imagen tercermundista con el trato dispensado a los clientes de la aerolínea que en el momento de su abrupto cierre tenían contratados y pagados sus billetes.

Si Spanair, como decía Montilla y siempre sostuvo Mas, debía ser el ejemplo de cómo un "país" con empuje es capaz de afrontar los grandes retos de futuro, hoy todo el mundo tiene una idea cabal del estropicio que es capaz de organizar un gobierno autonómico cuando antepone sus delirios nacionalistas a la racionalidad más elemental.

Articulo extraído de Libremercado

La mujer fue detenida en Tudela dentro de un coche con un hombre -ya fallecido- con un total de 28 billetes falsos de 50 euros. Le pedían 6 años de cárcel por un delito de tenencia de moneda falsa y otro de estafa, pero la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra la ha absuelto: quien utilizó los billetes para comprar en varios establecimientos de Tudela (cosas de poco valor para obtener cambios) fue el hombre. Y aunque se hallaron hojas con algunas de estas compras manuscritas por la acusada, apunta la sentencia absolutoria, "no se encontró a la procesada ningún billete simulado, que aparecieron ocultos en diferentes receptáculos del coche y dos billetes en el bolsillo del fallecido". Es más, dice el fallo, "no consta que la procesada conociera que los billetes de 50 euros eran simulados, no apreciándose a simple vista que no fuera auténticos".

El fallecido compró en una juguetería, una tienda de drogeruía y dos carnicerías de la capital ribera. Sin embargo, la Audiencia no ve probado que la acusada tuviera relación con la estafa. El hecho de que se encontrara un bloc de notas con las compras efectuadas manuscritas por la acusada y su presencia el vehículo, dice, "admiten otras alternativas conclusivasmás favorables para la acusada, incluso que la misma creyese que los billetes eran auténticos", por lo que en caso de duda, falla a favor de la procesada.

 Noticia extraída de Diario de Navarra

Vuelta de tuerca a la Ley de Acceso a la Abogacía y Procurador de los Tribunales. El nuevo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se comprometió el pasado miércoles, en su intervención en el Congreso de los Diputados, a aprobar un reglamento que "corrija un déficit en la Ley de Acceso a la Abogacía" para que los futuros licenciados en Derecho no tengan que realizar el máster obligatorio.

Lo hizo en el turno de réplicas y contestando al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares que le había planteado el problema de los estudiantes de Derecho del plan antiguo en referencia a la citada Ley.

Gallardón, que dijo conocer perfectamente el problema, advirtió que "coincidimos absolutamente en que tenemos que corregir algún déficit legislativo, de interpretación, en relación con la norma aprobada por esta Cámara". El titular de Justicia añadió que "anticipo que creo que lo vamos a poder hacer por vía reglamentaria sin necesidad de nuevas modificaciones y que estoy convencido de que ese reglamento tendrá el consenso y el apoyo -así me consta- de todos los grupos parlamentarios".

Llamazares manifestó a EXPANSIÓN que "esta ha sido una de las pocas propuestas que valoramos de forma positiva de la intervención de Gallardón. Ahora IU queda a la espera del compromiso adquirido por el ministro".

Izquierda Unida ha sido, junto a Nuevas Generaciones del Partido Popular, uno de los grupos más activos a favor de modificar la Ley de Acceso para que los estudiantes del plan antiguo y que se licenciarán tras la entrada en vigor de la Ley el pasado 31 de octubre de 2011, no se vean perjudicados en comparación con sus predecesores.

Proposición no de Ley
Precisamente el pasado lunes 23 de enero el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presentó una Proposición no de Ley en la que se pide la exclusión de los licenciados en Derecho de la aplicación de la citada ley, y por eso Llamazares preguntó el pasado miércoles al ministro por esta cuestión.

La proposición señala que "razones históricas, técnicas y de seguridad jurídica obligan a que se excluya a los licenciados en Derecho al ámbito de aplicación de la mencionada ley, permitiéndoles el libre acceso a la colegiación en los Colegios Profesionales".

La misma añade que "el Legislador no puede ser ajeno a la situación de la Educación Universitaria española en el momento de la aprobación y entrada en vigor prevista de la Ley 34/2006 con la plena vigencia del modelo anterior al del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia) y con los títulos de Licenciatura como piedra angular". Además "toda vez que la licenciatura es un modelo en extinción, el Legislador debe ser sensible a su situación de transitoriedad".

Abogados entre 2012 y 2014
Si finalmente el cambio por vía reglamentaria a la que hizo alusión Gallardón en el Congreso se lleva a cabo en los próximos meses, sí habrían nuevos abogados colegiados y recién titulados entre 2012 y 2014, por lo que desaparecería uno de los quebraderos de cabeza que en este tiempo han tenido los principales bufetes por la problemática que iba a suponer captar el mejor talento.

Una de las dudas que ya se ha despejado durante este primer mes de 2012 es el asunto de las prácticas, ya que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) en sus recomendaciones al respecto permite que éstas se lleven a cabo dentro del periodo lectivo del máster, pero siempre que sea en el segundo cuatrimestre.

Noticia extraída de Expansión

http://www.euroagora.com/o__caster%C3%A0_abogados-1571512.html

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que las empresas pueden encadenar los contratos temporales con un mismo trabajador, incluso si éstos se suceden durante un período prolongado, siempre que existan "razones objetivas" que lo justifiquen por parte del empleador.

La máxima instancia judicial europea se pronunció así sobre el litigio iniciado por una trabajadora alemana, que denunció a su empleador, un organismo estatal germano, después de encadenar trece contratos de duración definida a lo largo de un período de once años.

Todos esos contratos se formalizaron para sustituir a asistentes cuya relación laboral era de duración indefinida y que disfrutaban de permisos temporales, entre ellos varios permisos parentales, según explicó la corte de Luxemburgo en un comunicado.

No tiene por qué ser un abuso

En su sentencia, el Tribunal de la UE recuerda que los contratos de trabajo de duración indefinida "constituyen la forma general de la relación laboral" según el Derecho comunitario, lo que obliga a los países "a tomar medidas para prevenir los abusos por la utilización sucesiva" de contratos temporales.

No obstante, los estados miembros pueden determinar "razones objetivas" que justifiquen el encadenamiento de esos contratos, tal y como establece el Derecho alemán para sustituciones por permisos parentales o de maternidad.

Según el Tribunal, "el sólo hecho de que un empresario se vea obligado a realizar sustituciones temporales de manera recurrente, o incluso permanente", no implica la inexistencia de una razón objetiva "ni la existencia de un abuso".

La corte de Luxemburgo también subraya que las autoridades nacionales deben tener en cuenta "todas las circunstancias del caso concreto" para valorar si la renovación de un contrato de duración definida está justificada por una razón objetiva, como sería la necesidad temporal de sustitución.

Entre estas circunstancias se incluyen "el número y la duración acumulada de los contratos de duración determinada celebrados en el pasado con el mismo empresario", señala el Tribunal.

FUENTE: El economista

http://www.milanuncios.com/abogados/abogados-hospitalet-699-333-465-13271263.htm

El portal forma part del projecte Radars, que treballa per reduir el risc d'aïllament i exclusió social de la gent gran.

El portal www.serveisgentgrangracia.org informarà dels serveis i recursos disponibles al districte de Gràcia per a la gent gran activa o dependent. Forma part del projecte Radars, que treballa per reduir el risc d'aïllament i exclusió social de la gent gran i permet que 200 persones tinguin un seguiment telefònic. El portal s'actualitzarà constantment i anirà incorporant els nous recursos que es vagin oferint des d'entitats veïnals, ONG's i administracions que formen part d'aquest projecte, perquè qui ho necessiti pugui informar-se de tots els serveis a la seva disposició. La tinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i regidora de Gràcia, Maite Fandos, ha destacat que tant el "projecte Radars com el portal constitueixen "una magnífica eina per fer front al repte que tenim d'arribar a edats avançades en bones condicions de salut i de qualitat de vida, garantint sempre que sigui possible que tothom pugui fer una vida autònoma al seu propi entorn, a la seva llar i al seu barri". Expansió del Projecte Radars El Projecte Radars, nascut a l'any 2008 al barri del Camp de'n Grassot, és una xarxa d'entitats coordinades per un equip gestor, que busca la complicitat de veïns i comerciants perquè vetllin, en el seu dia a dia, pel benestar dels avis i àvies que viuen sols a casa. L'objectiu és reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social de la gent gran, sobretot la que viu sola o amb persones més grans de 65 anys, sensibilitzant el seu entorn perquè es pugui detectar a temps alguna necessitat o algun risc. Quan el Projecte Radars contacta amb la persona gran que viu sola, els serveis socials del districte de Gràcia en valoren la seva situació des de la vessant de dependència i psicosocial, s'intervé en funció de les necessitats detectades i es determina quin és el servei més adequat. En alguns casos, i amb el vistiplau de la persona beneficiària, es busca la complicitat dels veïns i veïnes de l'avi o l'àvia a qui acostumen a veure diàriament, perquè es posin en contacte amb l'equip gestor si detecten que la persona té algun problema, està desorientada, o perquè valoren que pot haver alguna mancança de salut o d'higiene personal. Un ‘radar' veïnal pot ser des d'un veí d'escala fins al dependent d'alguna botiga on la persona hi vagi a comprar diàriament. D'altra banda, el servei també pot posar a disposició de la persona gran un seguiment telefònic personalitzat, que es fa des de la Creu Roja. Fins ara, des d'aquesta plataforma d'actuació, un total de 44 persones han estat valorades i ateses pels Serveis Socials del districte de Gràcia; 209 tenen un seguiment telefònic, i un total de 207 voluntaris fan de ‘radars' veïnals i comercials. La xarxa del Projecte Radars està formada per un total de 20 entitats, entre les que es troben les associacions veïnals del Camp de'n Grassot, el CAP de Pare Claret, casals d'avis del barri, la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Fundació Claror, la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, l'Obra Social Cor de Maria, la Parròquia Cor de Maria i de Sant Tomàs, i el districte de Gràcia, entre d'altres. Al districte de Gràcia, i segons les dades del padró de 2011, hi ha actualment 1.780 persones de més de 85 anys que viuen soles. Al Camp de'n Grassot, concretament, n'hi ha 512 (un 29%de la població).

Fuente: Ajuntament de Barcelona

http://www.milanuncios.com/abogados/vista-abogados-tfno-699333465-barcelona-13163411.htm

Ni un año de cárcel por cada vida perdida. Ni siquiera eso. La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a once años de cárcel a tres de los cuatro ciudadanos marroquíes que estaban acusados de haber pilotado la patera naufragada el 28 de junio 2009 ante la playa de Zahora (Barbate). Al menos cuarenta personas viajaban en aquella barca de madera que salió de Kenitra (Marruecos) y que fue hundida ante el faro de Trafalgar por los propios pateros. Cada tripulante pagó 1.000 euros por embarcar y al llegar a unos cientos metros de la costa, fueron obligados a saltar al mar. La Guardia Civil logró rescatar a 16 personas con vida (entre ellos, los acusados) y se recuperaron solo diez cadáveres, uno de ellos del supuesto jefe de los pateros (Hassam Belabd). La Fiscalía pidió a la Sección Cuarta de la Audiencia que impusiera una pena doce años y medio de cárcel por cada una de las diez muertes, incluida la de Hassam, y otros diez años por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. En total, 135 años de prisión para cada uno de los acusados. El Ministerio Público llegó a pedir un castigo alternativo, de 50 años, si el tribunal entendía que los homicidios eran imprudentes. El «concurso ideal» Pero al final, la sala ha tomado una decisión distinta: por un lado, ha tenido en cuenta solo nueve muertes y no diez. Y por otro, considera que los homicidios deben ser castigados en «concurso ideal», como un solo delito y no uno por uno. El Código Penal otorga este beneficio cuando de «la misma conducta se producen varios» delitos. En estos casos, solo se castiga «la infracción más grave en su mitad superior». Así, la sala ha impuesto ocho años por los homicidios imprudente a Abdelkarim E. A, a Khalid D. y Adil E. A. y tres años más por el delito contra los ciudadanos extranjeros. El cuarto acusado, Alí A, ha sido absuelto. Este marroquí fue detenido en 2012 cuando los otros procesados -que se han presentado siempre como víctimas- le señalaron como el verdadero patero. Él, en cambio, dijo que llegó a España en otra que patera. El tribunal no halla pruebas contra él. Curiosamente, la Audiencia no cree que los tres marroquíes formaran parte de una mafia de tráfico de personas, como indicó la Guardia Civil en su día. Y eso que trabajaban jerarquizados y tenían una infraestructura montada: personas en España recogían a los inmigrantes y los trasladaban a una casa en Murcia. De hecho, otros dos marroquíes (Noueddine B. y Rahal B.) que se encargaron de esta tarea el día del naufragio han sido también condenados a cuatro años de prisión.

Noticia extraída de La Voz Digital de Cádiz

http://www.habitamos.com/post/19441553/abogados_penal_y_laboral_699333465_llamhospitalet

Economistas y juristas coinciden en que la propuesta lanzada por el Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos podría requerir una reforma del Código Penal.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre un posible cambio legal para castigar a quienes gestionen mal el dinero público ha sido bien acogido, pese a su concisión, por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich.

Consultado por Efe, el economista ve la posibilidad de que la propuesta de Montoro -avalada por su "amplio recorrido académico y en la Administración"- se regule a través de una modificación del Código Penal, que ha sido reformado "regularmente" y por última vez hace apenas un año.

Si algo caracteriza al Código Penal es que no puede haber condena "si el delito no está codificado", puntualiza, y recuerda que este códice ya contempla delitos que pueden emplearse para perseguir a los malos gestores.

"Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor", explica Pich.

Una vía de impulsar esos criterios de "transparencia" y "claridad" sería la de incorporarlos "muy tipificados" y "con mucha seriedad" en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.

"Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento", lamenta Pich, quien advierte de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, solo su confección.

No en vano, el economista asegura que la información financiera de los ayuntamientos, comunidades e incluso del Estado es "imposible de entender", algo que ha podido propiciar un "uso abusivo de las entidades que salen del control público".

Según Pich, la propuesta de Montoro "tiene que ser un paquete de cosas para mejorar la transparencia de las administraciones, para que sean más claras, para que sean más útiles y para primar al administrador público responsable".

"La sociedad española lo va a ir exigiendo", advierte.

En esa línea, el presidente de la sección penal del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Javier Gimeno, es partidario de introducir una figura penal que sancione a quienes, desde la administración pública, "se extralimiten en la contratación o utilización de más fondos de los que se dispone".

Esta conducta, que el Código Penal no sanciona en la actualidad, sería delictiva si se fijara por ley un "límite máximo de endeudamiento", como propone Gimeno, que "obligaría a los políticos a estar más atentos a las normas presupuestarias".

"Muchos" políticos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, habrían incurrido en este delito, explica a Efe el abogado, quien subraya que en otros países europeos el dinero público se maneja con mayor respeto.

Gimeno recuerda que el Código Penal ya contempla otras figuras -malversación, apropiación indebida- para castigar el manejo perverso de los fondos públicos, por más que no estemos "acostumbrados a que esto se haga ni a que la Fiscalía ataque".

En todo caso, el letrado penalista cree que la mejor opción es tipificar un nuevo delito, siempre que se especifique con claridad a quiénes debería castigarse (si al secretario municipal, al alcalde o a todos los concejales, en el caso de un ayuntamiento) y se regule una sanción económica.

"Ya va siendo hora de que en España las sanciones se apliquen correctamente", algo que no ocurrirá, augura el letrado, "hasta que la devolución del dinero afecte al patrimonio personal" de los gestores públicos.

(Noticia extraída de Expansión)

http://www.milanuncios.com/abogados/prop-caixa-catalunya-abogados-699333465-13117173.htm